En una escalada de tensiones, el Consejo de la Judicatura de Nuevo León hizo pública una denuncia sobre amenazas y hostigamientos dirigidos al magistrado Alberto Ortega Peza, encargado de asuntos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, así como al licenciado Miguel Ángel Servando Pruneda González.

Estas amenazas, según el Poder Judicial, estarían vinculadas a procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General estatal, así como la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León. Cabe destacar que el magistrado Ortega Peza fue quien ordenó que Samuel García se quedara en el cargo de gobernador interino.

El Consejo de la Judicatura, en respuesta a estas acciones, expresó su preocupación y anunció que emprenderá las denuncias penales correspondientes. Además, solicitó al gobernador interino del estado que tome medidas concretas para garantizar que los órganos administrativos no se utilicen como herramientas de control político o de obstrucción a la justicia.

Este episodio se suma a las tensiones ya existentes entre el Poder Judicial y el Gobierno de Nuevo León. El mes pasado, empleados del Poder Judicial denunciaron retrasos en el pago de sus salarios, atribuyendo la situación a la falta de depósito por parte de la tesorería estatal.

Crisis política en Nuevo León

La situación alcanzó un nuevo nivel de complejidad con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó que Luis Enrique Orozco asumiera como gobernador interino de Nuevo León. Esta determinación se dio después de que el Congreso estatal lo eligiera para suplir la ausencia de Samuel García. La SCJN explicó que la medida se tomó con el objetivo de evitar la indefinición en la titularidad del Poder Ejecutivo en Nuevo León y garantizar la gobernabilidad.

Ante la decisión de la SCJN, Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, informó que Samuel García reasumiría el mandato. García Sepúlveda justificó su regreso al gobierno estatal como una medida destinada a garantizar ‘la estabilidad política de Nuevo León’, una promesa que, según él, ha mantenido desde el inicio de su mandato. En consecuencia, se pospuso la gira programada para este fin de semana hasta nuevo aviso.

La crisis institucional en Nuevo León parece profundizarse, y la polarización entre los poderes ejecutivo y judicial se agrava con cada desarrollo. La denuncia de amenazas por parte del Poder Judicial añade un elemento de preocupación sobre la independencia de las instituciones y la integridad del sistema judicial en el estado. La sociedad, por su parte, observa con inquietud los acontecimientos, ante la necesidad de mantener un equilibrio que garantice la estabilidad y el respeto a los principios democráticos fundamentales.

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