El Poder Judicial ha instruido la transferencia de los fondos de sus fideicomisos a la Tesorería de la Federación desde el pasado mes de diciembre. Esta medida fue impulsada luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a la transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones judiciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que desde diciembre han instruido a Nacional Financiera (Nafin) la transferencia de la totalidad de los recursos de los fideicomisos.
Sin embargo, Nafin ha señalado que se encuentra impedida legalmente para cumplir con dichas instrucciones debido a suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales en contra de un decreto que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ante esta situación, Nafin ha advertido que de no cumplir con las suspensiones otorgadas podría incurrir en conductas delictivas sancionadas por la Ley de Amparo vigente. Esta situación ha generado incertidumbre en cuanto al destino de los recursos que se encuentran en los fideicomisos del Poder Judicial.
Según información proporcionada por Nafin, la SCJN cuenta con seis fideicomisos que suman un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos, mientras que el CJF posee cuatro fideicomisos con un saldo conjunto aproximado de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos al 6 de enero de 2025. Estos montos representan una importante cifra que ahora se encuentra en el centro de la polémica.
Por su parte, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, también ha instruido al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) la entrega de los recursos del Fondo Jurica, único fideicomiso constituido por la Corte con dicha institución. En diciembre, Banobras transfirió a la Tesofe la cantidad de 853 millones 913 mil 710 pesos, como parte de este proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Ante este escenario, se espera que en las próximas semanas se resuelva la situación de los fideicomisos del Poder Judicial y se esclarezca el destino de los recursos que se encuentran en juego. La Tesorería de la Federación, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar en este proceso y garantizar que los fondos sean manejados de manera transparente y conforme a la legalidad.
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