El Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión histórica al permitir que casi 93 mil personas que se encuentran en prisión preventiva en las 282 cárceles del país ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2024. Hasta ahora, esta posibilidad solo existía a nivel estatal, y en 2021 los reclusos tuvieron la oportunidad de votar en las elecciones a diputados federales.

Con esta propuesta, el INE busca promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, fortaleciendo así el ejercicio de sus derechos humanos.

Durante la sesión, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, enfatizó la importancia de esta medida.

En cuanto al proceso de votación, los presos podrán ejercer su voto de forma anticipada, específicamente del 6 al 20 de mayo de 2024. Aquellas entidades federativas que tengan legislado este ejercicio también permitirán a los reclusos votar para cargos locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México podrán votar para la jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías; en Chiapas podrán votar por la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, mientras que en Hidalgo podrán votar por gobiernos municipales.

El escrutinio y cómputo de los votos se llevará a cabo en las mesas aprobadas por los consejos distritales, y la incorporación de los resultados a los sistemas electorales será responsabilidad tanto del INE como de los organismos públicos locales, dependiendo del tipo de elección.

Es importante destacar que los presos que deseen participar serán incluidos en la Lista Nominal, pero no recibirán una credencial física. El Centro Penitenciario en el que estén recluidos se considerará como su domicilio.

INE implementó el voto para presos desde 2019

Desde 2019, las autoridades electorales han organizado pruebas piloto para garantizar el derecho al voto de esta población. Esta medida se llevó a cabo gracias a una solicitud realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en 2019 determinó que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otro ciudadano, a pesar de su condición jurídica según las leyes mexicanas. El INE implementó una prueba piloto en 2021, la cual tuvo una participación superior al 94% en cinco centros penitenciarios del país.

Este avance en el ejercicio democrático de México representa un paso importante hacia la inclusión y la garantía de los derechos de los presos. La posibilidad de que 93 mil personas en prisión preventiva tengan la oportunidad de influir en la elección presidencial de 2024 marca un hito en la historia electoral del país.

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