El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Edson Saúl Andrade Lemus y el Partido Acción Nacional (PAN), por un presunto esquema de propaganda irregular sustentado en contratos simulados y una posible triangulación de recursos.

De acuerdo con Ávila, Andrade Lemus —quien participó como vocero en la marcha del 15 de noviembre, difundida en redes como una manifestación impulsada por jóvenes de la “Generación Z”— habría recibido un contrato por más de 2 millones 157 mil pesos del PAN en la Ciudad de México. A través de este documento, señaló, también se financiaría el trabajo de otras siete personas dedicadas a actividades de difusión digital, hecho que, dijo, fue reconocido públicamente por la dirigencia panista en la capital.

El legislador argumentó que esta operación podría configurar un mecanismo irregular de financiamiento partidista, motivo por el cual solicitó al INE investigar posibles faltas como propaganda encubierta, uso indebido de recursos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a la normativa en materia de equidad electoral. Asimismo, pidió evaluar la apertura de un procedimiento oficioso y auditar de manera permanente los contratos del PAN, al considerar que existiría un reconocimiento de prácticas de simulación administrativa.

Ávila recordó que Andrade Lemus se presentaba en medios digitales como apartidista y sin recibir retribución económica, pero señaló que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se verificó la existencia de un contrato vigente por más de 2.1 millones de pesos. Añadió que, en un debate televisivo, la dirigencia panista habría justificado estas prácticas argumentando restricciones legales sobre el porcentaje de prerrogativas que los partidos pueden destinar a nómina, motivo por el cual, dijeron, recurren a pagos indirectos mediante terceros.

Según Morena, los hechos denunciados podrían implicar gastos no reportados, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas y una subcontratación opaca que derivaría en una violación directa a las obligaciones de fiscalización establecidas en la ley. De comprobarse, apuntó Ávila, el PAN podría enfrentar sanciones de gran magnitud.

Finalmente, el vocero adelantó que Morena analiza la posibilidad de presentar una denuncia adicional ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en caso de que se identifiquen elementos que configuren responsabilidades penales.

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