En breve… La Consejería Jurídica del poder Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, mediante la cual ordenó frenar la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua.

En contexto: 

• La Consejería Jurídica de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), argumentando posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de libros de texto gratuitos.

A profundidad: 

• A través de un comunicado, la Consejería de la Presidencia indicó que impugnó la resolución del ministro Aguilar Morales debido a que se violaron los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución, los cuales establecen de manera explícita que «toda persona tiene el derecho a recibir educación».
• Adicionalmente, subrayó que con el propósito de asegurar el acceso a la educación básica para los niños, el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua también establece que es tarea del gobierno estatal llevar a cabo una distribución puntual de los libros de texto gratuitos y de los materiales educativos adicionales suministrados por la SEP.
• También expresó que le parece lamentable la actuación del ministro, pues señalaron que va en contra de los derechos básicos enunciados en la Constitución, tales como la educación y el interés superior de los menores, ya que esto priva los recursos educativos indispensables para la educación de los estudiantes, hasta que la Corte emita su veredicto correspondiente.

Mientras tanto: 

• En vista de lo expuesto, la Presidencia instó a los ministros de la SCJN a ordenar la pronta entrega de los libros de texto con el fin de salvaguardar el derecho educativo de los alumnos en el estado.

¿Qué están diciendo?

• Consejería Jurídica de la Presidencia: «Debió negar la medida cautelar porque el propio gobierno de Chihuahua confiesa que los libros de texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, debe distribuirlos», señala el documento.

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