En una medida histórica, alrededor de 2 mil 173 presos sin sentencia en Oaxaca podrán ejercer su derecho al voto en la próxima elección presidencial de 2024. Esto se logró mediante un convenio firmado entre el gobierno de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de garantizar la participación política de estas personas.

El convenio fue concretado este miércoles entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de los 10 penales en territorio oaxaqueño, y las autoridades electorales. Esta acción cumple con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que las personas en prisión preventiva sin sentencia tienen el derecho de emitir su voto.

Habrá excepciones

Este logro es posible gracias al principio de presunción de inocencia, ya que estas personas no han perdido sus derechos políticos. Ivan García Álvarez, titular de la SSPC, informó que del total de 3 mil 873 personas que se encuentran en la población penitenciaria en general, solo 2 mil 173 personas serán consideradas para votar. Estas personas están recluidas en ocho de los diez penales existentes en el estado, los cuales cumplen con las condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.

Cabe mencionar que hay dos excepciones a esta medida. La Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes y el Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos no serán incluidos en la participación electoral.

Se realizaron pruebas piloto

Durante el acto protocolario, tanto García como Martín Martínez Cortázar, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Oaxaca, se comprometieron a establecer las condiciones necesarias para que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su voto.

Cabe destacar que, en 2021, el INE ya había realizado una prueba piloto en las elecciones para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, esperando que en 2024 se materialice la participación de aproximadamente 93 mil personas recluidas en todo el país. Esta medida busca fortalecer la democracia, promoviendo la inclusión política de todas las personas, incluso aquellas que se encuentran privadas de su libertad, pero aún no han sido condenadas.