El caso de la Guardería ABC en Sonora vuelve a resonar tras la presunta detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la estancia infantil, quien enfrenta una orden de reaprehensión.

Los familiares de las 49 víctimas fatales del incendio ocurrido en 2009 exigen su extradición a México.

Antecedentes del caso

El 5 de junio de 2009, un incendio en una bodega alcanzó la Guardería ABC, subrogada por el IMSS, resultando en la muerte de 49 menores y dejando a otros 81 con lesiones de por vida. Hasta el momento, 32 personas han sido procesadas y 10 condenadas por este trágico incidente.

Repercusiones legales y búsqueda de justicia

En 2016, Téllez Nieves fue sentenciada a casi 29 años de cárcel, pero tras apelaciones, su condena se redujo a poco más de cinco años.

Desde 2022 existe una orden de reaprehensión en su contra. Los padres afectados esperan que su extradición y la de otros implicados impulsen el proceso de justicia.

Actualmente, 10 personas siguen sentenciadas por el caso de la Guardería ABC.

Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la guardería, fueron condenados a 5 años y 7 meses de cárcel cada uno.

Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, tiene una pena de 5 años y 7 meses, al igual que Arturo César Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora, si bien él purgó su condena en su domicilio.

Otros 5 años y 7 meses de cárcel fueron impuestos a Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda.

Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, fue condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.

Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos, fue condenado a 5 años y 7 meses, al igual que Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante de Bomberos.

Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda de Sonora, fue sentenciado a 4 años y 9 meses.

Finalmente Nohemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías del IMSS, fue sentenciada a 8 años y 10 meses de cárcel.

El caso sigue siendo un doloroso recordatorio de la necesidad de medidas más estrictas en la supervisión de las instalaciones subrogadas por el gobierno.

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