Selene "N", quien hasta hace poco fungía como presidenta municipal de Capulhuac, ha sido separada de su cargo y se le ha dictado prisión preventiva justificada. Esta resolución se dio durante la primera audiencia celebrada en los Juzgados de Control y Juicios Orales de Almoloya de Juárez.

La exservidora pública fue arrestada el pasado martes 24 de junio por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de lesiones en agravio de Miriam "N", empleada del Sistema DIF municipal, y abuso de autoridad.

Los hechos denunciados por Miriam "N", quien forma parte de la Unidad de Apoyo Psicológico del DIF, ocurrieron el pasado 2 de mayo. La víctima alegó haber sido agredida físicamente por Selene "N" mientras se encontraban en una reunión con personal del DIF municipal. Según el testimonio, la ahora detenida, junto con otras dos mujeres, la habrían golpeado y sacado del lugar.

Como parte de las diligencias de investigación, se llevó a cabo una certificación médica de M.R.G. (Miriam "N"), cuyas lesiones fueron clasificadas como de segundo grado. Además, un informe sobre su estado emocional concluyó que las situaciones violentas experimentadas en su relación jerárquica laboral afectaron significativamente su bienestar psicoemocional. Peritajes de psicología, antropología y victimología, realizados con perspectiva de género, corroboraron que la denunciante presenta indicadores de violencia y secuelas victimarías.

La Policías de Investigación (PDI) trasladaron a la exalcaldesa de Capulhuac al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde permanecerá bajo prisión preventiva.

De ser encontrada culpable, Selene "N" podría enfrentar severas penas. Por el delito de lesiones, el artículo 238, fracción II del Código Penal del Estado de México, establece una pena de hasta 2 años de prisión. En cuanto al ilícito de abuso de autoridad, el artículo 335, fracción I, contempla una sentencia de hasta 9 años de cárcel. Esto significa que la exfuncionaria podría enfrentar una sentencia total de hasta 11 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de su cargo público.