La prohibición constitucional de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, aprobada en enero de 2025, abrió un vacío regulatorio que rápidamente fue aprovechado por organizaciones criminales. Un estudio reciente advierte que, en menos de un año, diversos cárteles mexicanos capturaron este mercado, convirtiéndolo en una nueva fuente de ingresos de bajo riesgo y difícil rastreo.

De acuerdo con el informe Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen, al menos siete grupos criminales participan activamente en la importación clandestina, distribución y venta de vapeadores: el CJNG, el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito.

Una prohibición con efectos secundarios

La reforma constitucional modificó los artículos 4° y 5°, lo que otorgó a la prohibición un carácter supremo y no fácilmente reversible. El objetivo, según legisladores, era proteger la salud pública, en especial a menores de edad. Sin embargo, la medida generó un impacto inesperado: la expansión acelerada de un mercado ilegal, sin controles sanitarios ni mecanismos de trazabilidad.

El comercio clandestino prosperó gracias a la venta digital sin regulación, la importación ilegal desde Asia y la ausencia de un marco que permita distinguir productos legales de ilícitos. Esto abrió un espacio ideal para que los cárteles consolidaran redes completas de contrabando.

Cómo se adueñaron del negocio

El informe detalla que el tráfico de vapeadores y tabaco ilícito se ha convertido en una suerte de “caja chica permanente” para estas organizaciones. Las operaciones se extienden desde bodegas clandestinas y venta en plataformas digitales hasta la distribución en escuelas, tianguis y comercios semifijos, lo que ha derivado en nuevos patrones de extorsión y lavado de dinero.

Dentro de este ecosistema criminal, ciertos grupos han logrado posiciones de dominio. Células asociadas a los “Chapitos”, por ejemplo, controlan zonas clave para la distribución, mientras que La Unión Tepito fortaleció su conexión con proveedores asiáticos para inundar de vapeadores el Valle de México.

Otros cárteles han encontrado en estos dispositivos una alternativa al narcotráfico clásico. El Cártel del Golfo, según el documento, incluso sustituyó parte del tráfico de fentanilo por el de vapeadores para mantener activas sus rutas hacia Texas.

El tabaco ilícito, un mercado multimillonario

La expansión del tabaco ilegal acompaña este fenómeno: dos de cada diez cigarros consumidos en México provienen del contrabando o la piratería, un negocio valuado entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales.

El CJNG, por ejemplo, opera instalaciones clandestinas en Estado de México, Morelos y Jalisco, y experimenta con cultivos transgénicos para asegurar la producción. La Nueva Familia Michoacana utiliza el tabaco como mecanismo de control social en Tierra Caliente, mientras que otros cárteles lo consideran una fuente constante de financiamiento.

El estudio también advierte que la mezcla de producto legal con mercancía ilegal ha contaminado cadenas de distribución formales, dificultando su detección.

¿Qué debe hacer el Estado?

Las organizaciones que elaboraron el informe —Defensorxs, México Evalúa, el Colegio de México, Causa Común y Balderas— concluyen que el país necesita regulación clara, controles aduanales estrictos y un sistema robusto de trazabilidad. Sin estos elementos, advierten, el crimen organizado seguirá expandiendo su capacidad financiera mediante el vapeo y el tabaco ilícito.

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