El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional que busca prohibir de manera expresa el matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas de personas menores de 18 años, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

El dictamen, que ahora será enviado al Congreso de la Unión para continuar su proceso legislativo, fue promovido por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien planteó incorporar esta prohibición directamente en la Constitución para impedir que usos, costumbres o tradiciones sean utilizados como justificación para permitir este tipo de prácticas.

Durante la discusión en el pleno, el legislador sostuvo que el matrimonio infantil y las uniones tempranas representan una grave vulneración de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, además de afectar de manera particular a las niñas, al limitar sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo personal.

Martínez Urincho argumentó que estas prácticas no pueden considerarse simples expresiones culturales, sino conductas que impactan negativamente el bienestar y el futuro de quienes las padecen. Asimismo, señaló que factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación y las escasas oportunidades de desarrollo contribuyen a que continúen registrándose casos en contextos de vulnerabilidad social.

Aunque recordó que actualmente existen disposiciones en códigos civiles y leyes de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que restringen estas uniones, consideró necesario fortalecer el marco jurídico mediante una prohibición explícita en la Constitución.

La reforma establece que quedan prohibidos el matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas de personas menores de 18 años, además de señalar que el Estado deberá garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a estas prácticas.

El dictamen también contempla que la legislación secundaria determine las medidas de protección, prevención y sanción necesarias para contribuir a la erradicación de estas conductas en todo el territorio nacional.

La propuesta forma parte de los esfuerzos legislativos para homologar la protección de los derechos de la infancia en México y reforzar los mecanismos que prevengan situaciones de violencia, discriminación y vulnerabilidad que afectan a menores de edad.

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