La propuesta también contempla circunstancias específicas, como cuando exista una relación sentimental, docente, de confianza o cualquier relación de hecho entre el sujeto activo y la víctima. Además, se acentúa la gravedad del crimen si es cometido por un servidor público. En este caso, además de las penas mencionadas, se propone la destitución e inhabilitación hasta por quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Antecedentes y contexto de la propuesta
La senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT, fundamentó la propuesta destacando datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (SNSP) del año 2022. Según estos datos, se registraron mil 427 homicidios de niños y adolescentes, lo que representa un aumento del 2.4% con respecto al año anterior. Esta cifra alarmante equivale a cuatro menores asesinados diariamente.
La Red por los Derechos de la Infancia en México también informó que, desde enero hasta la fecha, se registraron 192 homicidios de personas de entre 0 a 17 años. Estados como Jalisco, Guanajuato y el Estado de México encabezan la lista de homicidios de menores. Ante este panorama, la senadora Bañuelos resaltó la necesidad de proteger a la infancia de crímenes atroces y de castigar de manera contundente a los responsables.
La importancia de proteger a niños y adolescentes
La propuesta del PT resalta la importancia de proteger la vida de niños y adolescentes frente a la violencia criminal. La senadora Bañuelos subraya que estos grupos son los más propensos a ser víctimas de violencia, ya que no cuentan con la misma capacidad de defensa que los adultos. En este sentido, hace un llamado a la sociedad a cuidar la integridad de la infancia, atender, prevenir y sancionar cualquier delito que atente contra este sector poblacional.
La iniciativa presentada por el GPPT en el Senado representa un paso más en la protección de la infancia en México. Frente a la creciente violencia contra niños y adolescentes, se busca establecer penas más severas y agravantes específicas que reflejen la gravedad de estos crímenes.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen. La sociedad espera que esta iniciativa contribuya a disuadir y castigar de manera más efectiva a quienes atentan contra la vida y la seguridad de los niños y adolescentes en el país.
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