Un grupo de trabajadores que se desempeñan como asesores en la Cámara de Diputados ha desatado una protesta en el recinto legislativo. Rechazan un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que los obligaría a renunciar a sus puestos a partir del próximo 30 de abril. A pesar de que sus contratos se extienden hasta el 31 de agosto, esta medida los dejaría sin salario durante cuatro meses.

La manifestación, realizada en el patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro, estuvo marcada por consignas como “¡salarios sí, despidos no!”. Los asesores expresan su preocupación ante la incertidumbre de no conocer la razón detrás de este acuerdo y el método de indemnización propuesto. Este consistiría en tomar el dinero de los salarios que ya no recibirán, a pesar de que estaban contemplados en el presupuesto de la Cámara.

Transparencia en la Cámara de Diputados: La demanda de los asesores

Iker García, representante de los asesores perjudicados, denunció la falta de transparencia en esta decisión y destacó los posibles efectos negativos en sus familias. Subrayó la injusticia de jugar con los sueldos de trabajadores honestos que han contribuido arduamente en el recinto legislativo. Se estima que al menos 2 mil asesores se verían afectados por esta medida, con un sueldo promedio de 30 mil pesos mensuales.

Por otro lado, la diputada independiente Susana Prieto se sumó al reclamo de los trabajadores y criticó la forma en que se está manejando este asunto. Prieto enfatizó que la Jucopo pretende utilizar el período de cuatro meses de contrato restante como fuente para la indemnización de los asesores. Argumenta que deberían recibir sus salarios hasta el final de su contrato y luego la compensación correspondiente, conforme a un acuerdo previo firmado en 2002.

En medio de este descontento, los diputados también han sido señalados por autorizar un pago millonario para su propio “bono de marcha”, lo cual contrasta con la precarización de las condiciones laborales de los asesores. La diputada Prieto hizo un llamado a la Jucopo para que se aborde este tema en el Pleno de la Cámara antes del 30 de abril, instando a una resolución urgente que respete los derechos laborales de los trabajadores.

La protesta contó con la presencia del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, quien expresó su solidaridad con los asesores afectados y señaló la responsabilidad de la Jucopo en esta situación. Romero Hicks destacó las irregularidades en el régimen laboral de los asesores y la necesidad de establecer una relación laboral adecuada que respete sus derechos y condiciones de trabajo.

En medio de esta controversia, los asesores de la Cámara de Diputados continúan exigiendo justicia y transparencia, mientras hacen frente a una decisión que amenaza su estabilidad económica y laboral. La lucha por la dignidad y el respeto de los derechos de los trabajadores se mantiene vigente en San Lázaro.

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