La nueva política de registro obligatorio de líneas móviles en México establece que no existe una alternativa legal para conservar activa una línea nacional sin vincularla a la CURP, o RFC en el caso de personas morales. La medida aplica para usuarios de prepago y pospago, con fecha límite general al 30 de junio de 2026.

A partir de esa fecha, las compañías telefónicas podrán suspender servicios de llamadas, mensajes y datos a quienes no hayan completado el trámite, aunque el número podría mantenerse reservado hasta regularizar el registro.

Entre las pocas opciones disponibles para quienes rechacen proporcionar su CURP se encuentran cancelar su línea mexicana, utilizar exclusivamente servicios vía internet como aplicaciones de mensajería, contratar líneas extranjeras o recurrir a dispositivos sin conectividad celular tradicional. Sin embargo, estas alternativas implican limitaciones operativas, costos adicionales o pérdida de acceso a servicios nacionales.

El gobierno federal ha defendido esta estrategia como parte de su política de seguridad para combatir delitos como extorsión, secuestro virtual y fraudes telefónicos, al buscar eliminar el anonimato en el uso de dispositivos móviles.

No obstante, la medida ha generado preocupaciones entre organizaciones civiles y especialistas en privacidad, quienes advierten sobre riesgos relacionados con protección de datos personales, vigilancia y posibles vulneraciones en el manejo de información sensible.

Hasta abril de 2026, el avance en el registro nacional seguía por debajo de las expectativas oficiales, por lo que las autoridades y operadoras mantienen campañas para acelerar el cumplimiento de esta obligación regulatoria.

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