En un hecho histórico para la participación civil, se formalizó este miércoles la entrega de una ambiciosa iniciativa ciudadana ante la Comisión Permanente del Congreso. Respaldada por más de 136 mil firmas validadas por el INE, la propuesta busca transformar las reglas del juego democrático en México, atacando de raíz problemas como el transfuguismo político, el desvío de recursos públicos y la violencia criminal en los comicios.

El proyecto propone elevar a rango constitucional la estabilidad operativa del órgano electoral. Entre los puntos clave destacan:

Presupuesto progresivo: Se prohíbe cualquier disminución presupuestal respecto al año anterior.

Presencia territorial: Obliga al INE a mantener una estructura activa en cada uno de los 300 distritos electorales.

Designación de consejeros: Exige el voto de las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados para garantizar un consenso amplio.

Para evitar que las fuerzas políticas mayoritarias asfixien a las pequeñas, la iniciativa plantea un cambio radical en el financiamiento:

Reparto igualitario: Eliminar la asignación proporcional basada en votos; tanto el presupuesto como los tiempos en radio y TV se dividirían en partes iguales entre todos los partidos.

Prohibición de propaganda estatal: Ningún ente público podrá usar medios oficiales para favorecer o perjudicar candidaturas.

Plataforma de fiscalización: Creación de un sistema de denuncias en tiempo real para reportar gastos en propaganda física y digital.

La propuesta busca que el voto ciudadano se mantenga fiel a la ideología elegida originalmente:

1. Reglas contra el transfuguismo: Si un legislador renuncia a su partido en el primer año, debe entrar su suplente. Si es en el segundo, queda como independiente. Solo en el tercer año podrá unirse a otra bancada.
2. Límite a coaliciones: Se prohíbe que cualquier coalición exceda en más de un punto porcentual su votación total en la representación de la Cámara, evitando mayorías artificiales.

Ante el aumento de la violencia, la iniciativa establece una causal de nulidad automática de la elección cuando se pruebe la incidencia del crimen organizado, ya sea mediante financiamiento, coacción, robo de paquetes o quema de urnas. Asimismo, tipifica como falta grave condicionar los programas sociales a cambio de apoyo político o asistencia a mítines.

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