El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil inició un procedimiento legal en Estados Unidos para solicitar su liberación, al considerar que se encuentra bajo una “detención ilegal” por parte del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), autoridad que lo mantiene bajo custodia desde hace varios días.

De acuerdo con el recurso judicial, obtenido por el medio MILENIO, la defensa del empresario promovió un habeas corpus con el argumento de que su detención en el Centro de Detención del Condado de Glades carece de sustento legal. En el documento, los abogados sostienen que su cliente permanece retenido sin que se cumplan las condiciones jurídicas necesarias, por lo que solicitaron su liberación inmediata.

La demanda fue interpuesta contra diversos funcionarios estadounidenses, entre ellos la encargada de la custodia del centro, Patricia Cardinal, así como el director interino del ICE, Todd Lyons, y el titular del Departamento de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, además de otros integrantes de la división de Operaciones de Remoción y Aplicación de la Ley (ERO).

El caso se desarrolla en paralelo a un proceso de remoción migratoria en contra de Zaga Tawil. Asimismo, el empresario es requerido en México por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con un presunto daño de 5 mil millones en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Según la narrativa oficial de las autoridades mexicanas, en 2014 la empresa Telra Realty firmó un contrato con el Infonavit que posteriormente fue cancelado. Dicha rescisión derivó en un pago millonario a la compañía, el cual —de acuerdo con las investigaciones— habría sido otorgado de manera irregular, ya que la firma no cumplía con los requisitos necesarios para celebrar el acuerdo.

En el ámbito judicial estadounidense, el juez a cargo del caso fijó el 15 de abril como fecha límite para que el gobierno de ese país responda a la solicitud de liberación. Posteriormente, la defensa contará con tres días adicionales para presentar sus argumentos, tras lo cual se prevé que el tribunal avance hacia una resolución sobre la situación legal del empresario.

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