Un juez federal ha negado la solicitud de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para invalidar testimonios clave de siete exdirectivos brasileños relacionados con el caso Odebrecht. Estos testimonios, que son propiedad de la Fiscalía General de la República (FGR), podrán ser utilizados en el próximo juicio oral que enfrentaría el exfuncionario.
Según informes, funcionarios federales han revelado que estos testimonios son las únicas pruebas que la Fiscalía tendría para seguir adelante con el proceso contra Lozoya, y que tenían la intención de utilizarlos en un eventual juicio oral.
La autoridad rechazó la solicitud de Lozoya debido a que consideró que las resoluciones en otros países no son vinculantes para la justicia mexicana. Ante ello, el proceso no fue cancelado y la posibilidad de un juicio sigue abierta.
En un precedente, el Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México confirmó un fallo que desechó toda la información bancaria obtenida de Brasil y Suiza. Sin embargo, la FGR logró rescatar estos siete testimonios que resultan fundamentales para el caso.
La defensa de Lozoya había solicitado al juez Genaro Alarcón López que se invalidaran los testimonios argumentando que no se habían tenido en cuenta en otros países donde se han llevado a cabo procedimientos relacionados con el caso. Sin embargo, esta petición no tuvo éxito.
Lozoya tramitó amparo contra extinción de dominio de su residencia
Además, recientemente se reveló que Lozoya ha presentado un amparo contra la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación que determinó la extinción de su residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. La propiedad, valuada en 38 millones de pesos, está actualmente asegurada por la FGR y se ha señalado que fue adquirida con sobornos provenientes de Altos Hornos de México.
La jueza encargada del caso había determinado anteriormente que la Ley Nacional de Extinción de Dominio no podía aplicarse de manera retroactiva en este caso. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación interpretó que sí podía hacerlo, permitiendo así que la propiedad fuera transferida a la federación.
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