Un ciudadano mexicano logró la primera suspensión provisional contra el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado a la CURP, una resolución que abre la posibilidad de nuevos recursos legales contra esta medida, aunque sus efectos no aplican para todos los usuarios del país.

El fallo fue emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dentro del expediente de queja 260/2026, luego de que un ciudadano de Aguascalientes promoviera un juicio de amparo para evitar la vinculación de sus números telefónicos con su identidad.

La resolución determinó que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no establecen como requisito entregar datos biométricos, como huellas dactilares, fotografías o una CURP biométrica.

Primer amparo contra el registro obligatorio de celulares

El ciudadano solicitó protección judicial para dos líneas telefónicas de su propiedad, argumentando que la obligación de asociarlas con sus datos personales podría afectar derechos relacionados con la privacidad y el acceso a las telecomunicaciones.

El tribunal resolvió que, para cumplir con el procedimiento, los usuarios únicamente deben presentar identificación oficial y CURP tradicional, sin que sea necesario aportar información biométrica.

Sin embargo, la suspensión otorgada tiene un alcance limitado: solo beneficia a la persona que promovió el amparo y no representa una suspensión general para todos los usuarios de telefonía móvil en México.

El recurso fue presentado el 10 de febrero de 2026 y admitido posteriormente por un juzgado federal en Aguascalientes.

Usuarios analizan nuevas acciones legales contra el padrón telefónico

El caso se suma a una serie de inconformidades ciudadanas relacionadas con el registro obligatorio de líneas celulares. Organizaciones y colectivos han promovido recursos legales al considerar que la medida podría representar riesgos para la protección de datos personales.

El debate tiene como antecedente el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), esquema que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras considerar que afectaba derechos fundamentales relacionados con la privacidad.

Especialistas en telecomunicaciones han señalado que podrían aumentar las quejas ante autoridades de protección al consumidor y los juicios de amparo individuales, especialmente por dudas sobre el manejo y uso de información personal.

A pocos días del cierre del plazo establecido para el registro, millones de líneas telefónicas continúan sin vincularse a una identidad oficial, mientras usuarios expresan preocupación por la seguridad de sus datos.

Por ahora, la vía del amparo existe, pero cada persona interesada tendría que iniciar su propio procedimiento legal para buscar una protección similar.