La renuncia de Karla Quintana Osuna al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) generó alertas en defensores de derechos humanos y a familiares de personas desaparecidas que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la Comisión de los Derechos Humanos en Nuevo León, manifiestó sus preocupaciones ante el riesgo de retrocesos, manipulación de cifras de víctimas, criminalización de personas desaparecidas y familiares, e incluso por la integridad de la exfuncionaria.

«La salida de Quintana Osuna ocurre en medio de la elaboración de un censo para confirmar el número de personas desaparecidas, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador».

A través de un escueto comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que, “por instrucciones el presidente de la República”, la titular Luisa María Alcalde Luján emitirá una “convocatoria para seleccionar a la persona titular de la CNB”, sin precisar fecha.

De forma vaga, la titular de la Segob “señaló que continuarán todos los esfuerzos institucionales posibles en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas”.

Rosa Icela podría ser una opción, aseguran

Hay indicios de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sería administrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez, muy cercana al presidente.

“Hasta ahora, el único registro de delitos o víctimas del que no tiene control la SSPC es precisamente el de Personas Desaparecidas, y todo parece indicar que se pretende que el RNPDNO sea manejado por la SSPC, lo que es sumamente riesgoso porque sabemos que desde esa secretaría se manipulan los datos sobre la comisión de delitos”, considera Martín Villalobos, de los Derechos Humanos.

Karla Quintana dejó temas inconclusos

Los activistas indican que la gestión de Quintana, iniciada el 8 de febrero de 2019, tiene múltiples claroscuros y deja temas inconclusos; sin embargo, admiten que ha sido la única funcionaria que confrontó a la Fiscalía General de la República (FGR) por su falta de colaboración en la búsqueda de desaparecidos.