El líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha generado una intensa controversia al defender públicamente las reservas que presentó a la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Estas reservas, aprobadas el pasado 28 de octubre, lograron reducir las penas de prisión para funcionarios públicos que resulten involucrados en este tipo de delitos.

Monreal justificó su propuesta argumentando que el dictamen original, tal como fue avalado inicialmente en la Cámara Baja, contenía una grave «desproporción punitiva» que atentaba contra la lógica jurídica penal.

El Debate: Castigar la Omisión Más que el Delito

El punto central de la crítica de Monreal se basa en la disparidad de las penas entre el delincuente que extorsiona y la autoridad que incurre en una omisión. Según el legislador, el dictamen original establecía sanciones más severas para el funcionario que omite informar sobre un acto de extorsión del que tiene conocimiento, que para el extorsionador directo.

Monreal detalló la situación: “No puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente; es decir, la autoridad omisora es aquella que no informa sobre el conocimiento que tiene de un acto de extorsión y a él se le aplicaba una pena de 10 a 20 años”.

En contraste, la pena original para quien comete directamente el delito de extorsión era de seis a quince años de prisión. Para el diputado, resulta «injustificable desde el punto de vista penal» que la omisión se castigue con una pena máxima (20 años) superior a la que castiga la comisión directa del delito (15 años).

El coordinador de los diputados morenistas en el Congreso de la Unión enarboló su postura como un principio ineludible de su formación jurídica, inscribiéndose en la corriente garantista del Derecho Penal.

“Yo soy garantista. Me formé en la Escuela Clásica de la UNAM del Derecho Penal como garantista. Soy totalmente garantista”, señaló, explicando que esta escuela aboga por la estricta protección de los derechos fundamentales de todo ciudadano durante el proceso penal.

Monreal contrapuso esta postura con lo que denominó populismo punitivo o medidas draconianas, una corriente que considera al delincuente como un «enemigo del Estado» y que justifica la imposición de penas sumamente rígidas, llegando incluso a postular la pena de muerte.

El legislador enfatizó su rechazo a estas visiones que priorizan el castigo extremo: “Yo no creo en eso… Yo creo que las causas hay que atenderlas. Creo en la resocialización de la víctima y de la resocialización del victimario, creo en el daño que debe de repararse a quien sufre”.

Con esta justificación, el líder parlamentario de Morena subrayó su convicción de que el enfoque penal moderno debe priorizar la reparación integral del daño a las víctimas y la reinserción social de quienes cometen delitos, más allá de adoptar posturas excesivamente punitivistas.