El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una clarificación oficial para desmentir uno de los mitos más persistentes entre los contribuyentes: la creencia de que cambiar de ubicación física sin previo aviso detiene los procesos de cobro o notificación de créditos fiscales. La autoridad advierte que esta práctica, lejos de extinguir la obligación, puede tipificarse como un delito fiscal con consecuencias penales.

De acuerdo con el Artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, se contemplan sanciones que oscilan entre los tres meses y los tres años de prisión para aquellos contribuyentes que desocupen su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esta medida es particularmente estricta si el movimiento ocurre tras la notificación de una orden de visita o la determinación de un crédito fiscal que aún no ha sido garantizado o liquidado.

La autoridad tributaria enfatiza que la ausencia del deudor no interrumpe el proceso administrativo. Por el contrario, el SAT cuenta con mecanismos de investigación en diversas fuentes y padrones para lograr la localización del contribuyente. Durante el periodo de búsqueda, los créditos fiscales se mantienen vigentes, acumulando actualizaciones y recargos, lo que incrementa exponencialmente el monto adeudado.

Asimismo, el organismo aclaró que, en caso de detectar una desaparición intencionada para evadir el cumplimiento de obligaciones, se procederá conforme a la fracción V del artículo 110 (referenciada como base de la investigación judicial) para iniciar el proceso penal correspondiente. La recomendación para los ciudadanos es mantener actualizada su información en el RFC para evitar que un problema de carácter administrativo escale a una responsabilidad de tipo criminal.

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