El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, anunció una serie de reformas fiscales que el Gobierno Federal buscará aprobar en el Congreso de la Unión, con el objetivo de combatir a las empresas factureras y frenar la evasión fiscal.

De acuerdo con el funcionario, las nuevas medidas pretenden cerrar los vacíos legales que durante años han permitido el uso de empresas fachada y prestanombres para emitir facturas falsas y simular operaciones inexistentes.

Suspensión de sellos y mayor control del RFC

Entre las medidas destacadas se encuentra la suspensión inmediata del sello digital de las empresas en cuanto inicie un proceso por irregularidades fiscales. Esta acción impediría que dichas compañías sigan emitiendo facturas mientras se investiga su situación ante la autoridad.

Asimismo, se busca que socios, accionistas y representantes legales involucrados en la venta de facturas no puedan registrar nuevas empresas, como parte de una estrategia para romper redes de simulación en el sistema tributario.

Martínez Dagnino explicó que también se contempla una modificación al proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y a la firma electrónica (e.firma), con el fin de reforzar la verificación del domicilio fiscal y evitar el uso de prestanombres o direcciones inexistentes.

Prisión preventiva para delitos fiscales graves

Otra medida propuesta es la aplicación de prisión preventiva oficiosa en los casos más graves de evasión y simulación fiscal, especialmente cuando los contribuyentes afecten al fisco federal y se nieguen a pagar sus contribuciones.

El SAT sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia integral contra la corrupción y el lavado de dinero, ya que las empresas factureras representan un riesgo no solo para las finanzas públicas, sino también para la competencia económica formal.

Con estas iniciativas, el Gobierno Federal busca fortalecer la recaudación, sancionar el fraude fiscal y proteger la integridad del sistema tributario mexicano, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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