La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el alcance constitucional y convencional de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual en México, luego de aceptar estudiar un amparo relacionado con sanciones impuestas en el estado de Puebla.

La decisión fue impulsada por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien propuso al Pleno reasumir la competencia del caso debido a su relevancia jurídica y social. La mayoría de los ministros respaldó la propuesta, por lo que ahora el expediente será turnado a un ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia que se discutirá en próximas semanas.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que el caso permitirá definir los alcances constitucionales y convencionales para proteger los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual, así como precisar los límites que tienen las autoridades municipales frente a derechos fundamentales como la libertad de trabajo, igualdad, no discriminación, integridad personal y derecho a la vida.

El ministro también destacó que el asunto abrirá la posibilidad de establecer obligaciones positivas del Estado para garantizar políticas públicas relacionadas con seguridad, salud y acceso efectivo a derechos para quienes realizan esta actividad.

Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que las trabajadoras sexuales enfrentan discriminación sistemática y frecuentes violaciones a sus derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia institucional, exclusión social y obstáculos para acceder a servicios de salud y justicia.

Guerrero subrayó que existe un déficit de protección estatal hacia este sector, reflejado en la falta de mecanismos efectivos de defensa y acceso digno a servicios básicos, situación documentada por organismos internacionales especializados en derechos humanos.

El análisis de la Corte podría sentar un precedente importante sobre la categorización jurídica del trabajo sexual y el tratamiento normativo que reciben las personas dedicadas a esta actividad en México.

El caso se suma a otras resoluciones recientes de la SCJN relacionadas con derechos de trabajadoras sexuales. En diciembre pasado, el máximo tribunal invalidó cobros diferenciados impuestos en Oaxaca para acceder a servicios médicos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, al considerar que representaban un acto discriminatorio.

La Corte concluyó entonces que establecer tarifas distintas para trabajadoras sexuales de vía pública, bares o centros nocturnos vulneraba principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución.

Te puede interesar:

Diputados aprueban comisión del INE para candidaturas