En una decisión que sorprendió a muchos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer una vez más la discusión sobre la constitucionalidad de la extinción de fideicomisos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, así como un amparo contra la prisión vitalicia en Chihuahua.

El Pleno de la SCJN abrió la sesión del martes con el análisis del proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual propone invalidar gran parte del decreto del 6 de noviembre de 2020 que reformó varias leyes federales para extinguir 109 fideicomisos.

Sin embargo, la propuesta del ministro es anular únicamente la extinción de algunos fideicomisos, como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para Atención a Víctimas, entre otros.

La discusión se vio interrumpida ya que el asunto quedó en lista debido a una solicitud de audiencia recibida por la ministra Yasmín Esquivel Mossa de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Esquivel argumentó la necesidad de analizar cuidadosamente las argumentaciones presentadas antes de continuar con la discusión. Ante esta petición, el ministro ponente aceptó posponer la discusión de manera indefinida.

La decisión de aplazar la discusión presenta un obstáculo para la aprobación del proyecto, ya que se requiere de ocho votos (mayoría calificada) de los 11 ministros presentes.

Cabe señalar que el próximo 30 de noviembre el ministro Luis María Aguilar Morales se retirará de su cargo, dejando al Pleno con solo 10 integrantes. Además, también quedó pendiente la discusión de otro proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena que resuelve un amparo contra la prisión vitalicia en Chihuahua.

En este caso, el amparo fue promovido por Juan Carlos Gámez Bernal, quien fue sentenciado a dicha pena por cuatro homicidios cometidos en el 2011. El ministro Alberto Pérez Dayán solicitó más tiempo para analizar el asunto, por lo que la discusión quedó en espera.

En caso de que la propuesta sea aprobada por el Pleno de la Corte, la justicia en Chihuahua deberá dictar una nueva condena contra el quejoso, que no supere los 50 años de prisión.

La SCJN ha optado por aplazar la discusión sobre la eliminación de fideicomisos y la prisión vitalicia, lo que deja en el aire la resolución de estos temas.

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