La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de las reglas emitidas por la Secretaría de Educación Pública para evaluar, acreditar y promover a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por unanimidad, el Pleno rechazó el amparo promovido por una institución privada, que argumentó que el Acuerdo 10/09/23 flexibilizaba en exceso los criterios de evaluación y permitía que alumnos avanzaran de grado con deficiencias académicas.

La Corte concluyó que el derecho a una educación de excelencia no depende únicamente de modelos rígidos, altas calificaciones o mayores índices de reprobación. En cambio, sostuvo que la calidad educativa también debe medirse por el mejoramiento continuo del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y la vinculación entre la escuela y su comunidad.

El acuerdo de la SEP establece criterios graduales y complementarios, así como mecanismos de regularización para estudiantes de educación básica. La resolución judicial determinó que estas disposiciones no reducen el nivel académico ni contravienen el mandato constitucional de garantizar una educación de calidad.

El tribunal también descartó que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación hubiera incumplido con sus obligaciones, y rechazó que la falta de un informe de la SEP durante el juicio afectara la legalidad del acuerdo, ya que su publicación oficial acreditó plenamente su existencia.

Con esta decisión, la SCJN dejó firme el marco normativo que regula la evaluación y promoción de millones de estudiantes de educación básica en todo el país.