La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que flexibiliza los criterios de evaluación y acreditación para estudiantes de educación básica en el país.

La resolución se dio luego de que el Colegio Roble promoviera un amparo al considerar que las nuevas disposiciones vulneraban el derecho a una educación de excelencia. La institución argumentó que el acuerdo redujo requisitos como la asistencia mínima, disminuyó el número de materias necesarias para aprobar y amplió las posibilidades de recuperación académica, lo que —a su juicio— afectaba la disciplina y el nivel educativo.

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que el concepto de excelencia educativa no puede limitarse únicamente a calificaciones numéricas, controles estrictos de asistencia o altos índices de reprobación.

Durante la discusión, integrantes del Pleno coincidieron en que la calidad educativa debe entenderse como un proceso integral que incluya el desarrollo del pensamiento crítico, la permanencia escolar y el fortalecimiento de la relación entre las escuelas y las comunidades.

La Corte consideró que los criterios establecidos en el Acuerdo 10/09/03 son graduales y complementarios, además de que buscan garantizar el acceso y continuidad de más de 23 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Con esta decisión, el máximo tribunal respaldó la constitucionalidad del modelo impulsado por la SEP, el cual forma parte de la estrategia educativa aplicada en los últimos años para reducir el rezago y evitar el abandono escolar.

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