La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, el cual plantea que las indemnizaciones por daño moral y patrimonial se calculen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, como ocurre actualmente. La propuesta ha generado críticas entre especialistas en derecho y organizaciones que advierten un impacto directo en las víctimas.

Cambiar salarios mínimos por UMAs: un ajuste con fuerte impacto económico

El documento, que será analizado en el Pleno este jueves, sostiene que el uso de UMAs permitiría “actualizar” el cálculo de indemnizaciones. Sin embargo, expertos subrayan que la diferencia entre ambos parámetros es significativa: 1 UMA equivale a 113 pesos, mientras que 1 salario mínimo asciende a 278 pesos. Con ello, indemnizaciones que hoy se calculan con salarios mínimos se reducirían alrededor de 60% si se sustituyen por UMAs.

Para dimensionarlo: 10 salarios mínimos representan 2,789 pesos, mientras que 10 UMAs apenas alcanzan 1,130 pesos. De acuerdo con juristas consultados, este cambio implicaría una disminución considerable en la reparación económica que reciben víctimas y familias afectadas por accidentes, negligencias médicas o fallas en servicios públicos.

Críticas: “un alivio financiero para el Estado, no para la ciudadanía”

Especialistas en derecho consideran que la propuesta favorecería al gobierno al reducir los montos que debe cubrir cuando se acredita responsabilidad oficial. El ajuste aplicaría en casos donde el Estado deba responder por fallas en hospitales públicos, accidentes en obras o servicios administrados por dependencias gubernamentales.

“La creación de la UMA, cuyo crecimiento no va a la par del salario mínimo, deja en desventaja a los afectados al disminuir sustancialmente las indemnizaciones”, explicó el abogado Héctor Pérez, al señalar que el cambio beneficia a las instituciones públicas, no a los ciudadanos.

Rodrigo Maldonado Ríos, jurista especializado en derechos humanos, advirtió que usar exclusivamente UMAs podría contravenir el principio constitucional que obliga a aplicar siempre la norma más favorable a la persona. A su juicio, la diferencia entre ambas unidades “devalúa” los derechos protegidos por la ley.

Un debate que avanza entre cuestionamientos

El proyecto, calificado por sus críticos como un “retroceso” en materia de derechos humanos, llega al Pleno en un contexto de creciente escrutinio hacia decisiones judiciales vinculadas a políticas de austeridad. El debate se centra en si el ajuste actualiza criterios jurídicos o, por el contrario, abarata el costo de la justicia para quienes dependen de una indemnización justa tras una pérdida o un daño.

La discusión en la Corte definirá si el Estado mexicano continúa utilizando el salario mínimo como referencia para la reparación del daño o si transita hacia las UMAs, con las implicaciones económicas y legales que ello conlleva.

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