SCJN: estados decidirán desafuero de funcionarios
CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que serán los Congresos de los estados los encargados de tomar la última palabra en el proceso de desafuero de funcionarios, como gobernadores, diputados o magistrados, cuando la Cámara de Diputados federal solicite un juicio de procedencia por delitos del orden federal.
La polémica sesión del pleno de la SCJN culminó con la aprobación, por mayoría de ocho votos, de las reformas a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas. Estas reformas protegieron al exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca de posibles acciones penales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), generando controversia y una fuerte oposición por parte del Ejecutivo federal.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, autora de la propuesta de validez de las reformas, aseguró que el objetivo no es brindar impunidad a los servidores públicos, sino garantizar el correcto ejercicio de las facultades del Poder Legislativo estatal y de la FGR. Enfatizó que la comunicación de la Cámara de Diputados no debe ser ignorada, sino que es responsabilidad del Congreso estatal explicar detalladamente las razones detrás de su decisión de no retirar el fuero a un funcionario y permitir la persecución de los delitos.
La SCJN asegura que los estados serán responsables del desafuero
Ante las críticas de algunas ministras sobre el posible riesgo de impunidad con estas reformas, Ríos Farjat defendió la importancia de no confundir el fuero temporal con la impunidad, resaltando que es fundamental erradicar esa percepción en la sociedad para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
La ministra subrayó que no se trata de brindar privilegios excesivos a los funcionarios, sino de respetar el equilibrio de las instituciones según lo establecido por el Constituyente. Enfatizó que otros estados, como Chiapas, Morelos, Nayarit y Sinaloa, también siguen la misma ruta de no homologar decisiones de la Cámara de Diputados en casos de desafuero, lo que refleja la diversidad de criterios y la autonomía de los estados en este tema.
