La justicia ambiental en México recibió un nuevo impulso tras los criterios emitidos por la SCJN, que reforzaron el acceso de la ciudadanía a mecanismos legales para proteger el entorno. Las resoluciones del máximo tribunal fortalecen el derecho a un medioambiente sano y amplían las posibilidades de participación social en la defensa de los ecosistemas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que consolidó el uso del principio de interés legítimo, una figura jurídica que permite a personas y organizaciones promover juicios de amparo para proteger recursos naturales y espacios ambientales, aun cuando no acrediten una afectación directa e individualizada.

De acuerdo con el criterio adoptado, basta con que los promoventes habiten, utilicen o mantengan una relación con el entorno afectado para exigir la protección constitucional de los ecosistemas.

Nuevos criterios para la protección ambiental

Entre los casos destacados se encuentra la protección otorgada a un ciudadano zapoteco frente a omisiones relacionadas con el Parque Nacional Benito Juárez, en Oaxaca. Además, la Corte reconoció la capacidad de comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab, en Yucatán, para impugnar disposiciones técnicas vinculadas con granjas porcícolas.

Asimismo, la SCJN ratificó la validez de decretos presidenciales que establecieron áreas naturales protegidas en zonas consideradas prioritarias para la conservación ambiental.

En ese sentido, los ministros confirmaron la legalidad de las declaratorias de protección para Yum Balam, en Quintana Roo, y el Lago de Texcoco, en el Estado de México. La resolución determinó que las restricciones de uso de suelo implementadas en estos territorios no representan una vulneración al derecho de propiedad privada.

Principio de “quien contamina paga”

La Corte también respaldó mecanismos orientados a la responsabilidad ambiental. Entre ellos, validó el cobro de derechos por descargas de aguas residuales y las tarifas aplicadas a actividades de turismo no extractivo en ecosistemas considerados frágiles.

Estas determinaciones se sustentan en el principio internacional de que quien genera contaminación debe asumir los costos asociados a la reparación o mitigación de los daños ocasionados.

Por otra parte, el máximo tribunal informó que ha impulsado acciones internas para reducir su impacto ambiental mediante herramientas tecnológicas y procesos digitales.

La implementación del expediente electrónico en diversos procedimientos jurisdiccionales permitirá evitar la impresión de más de 1.7 millones de fojas, lo que contribuirá a disminuir el consumo de papel y optimizar la gestión judicial.

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