La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le cerró la última llave al outsourcing basado en suministro de personal al validar la reforma de subcontratación del 2021 y declaró constitucional el nuevo régimen de servicios especializados incorporado en la Ley Federal de Trabajo (LFT).

A través de un comunicado, la SCJN informó sobre la resolución de la Segunda Sala del máximo tribunal del país con la cual se validaron los diversos requisitos impuestos a las empresas para la subcontratación de servicios u obras especializadas.

“A diferencia de la regulación del 2012, que dejaba mucho espacio a la interpretación, los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo dejan poco o nada de espacio a la interpretación. La primera recomendación es tener muy claro lo que se puede y no se puede subcontratar, la vigencia de los repses y departamentos o personas encargadas de los cumplimientos normativos en las empresas”, señaló en entrevista Carlos Ferran Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Compliance (Conacom).

Dichos artículos fueron modificados con la reforma de subcontratación y son la base del régimen de servicios especializados. Por un lado, prohíben el outsourcing basado en suministro de personal; por el otro, permiten la tercerización de servicios sólo cuando estos no formen parte del objeto social y actividad económica preponderante del contratante.

Debido a la reforma de subcontratación, al menos 2.9 millones de trabajadores fueron reconocidos por sus empleadores reales mediante la sustitución patronal, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El traslado de empleados de empresas de outsourcing e insourcing a compañías operadoras, también implicó un crecimiento promedio de 27% del salario base de cotización de esta fuerza laboral. Actualmente, el mercado formal de servicios especializados emplea a 3.5 millones de personas.

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