El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión crucial para el futuro de la vigilancia electoral en México. Por una mayoría de siete votos, los ministros rechazaron una propuesta que buscaba imponer límites estrictos a las facultades sancionadoras del Instituto Nacional Electoral (INE), manteniendo así la capacidad del organismo de aplicar sanciones con cierto grado de discrecionalidad.

La discusión se originó a partir del análisis de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, dentro de la contradicción de criterios 1/2024 entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Argumento de la Ministra Batres

La ministra Batres Guadarrama, promotora del proyecto, basó su argumentación en la supuesta discrecionalidad y falta de criterios definidos que, históricamente, han permitido al INE aplicar sanciones de manera arbitraria contra particulares o partidos políticos.

Durante su intervención, la ministra hizo una referencia velada, pero clara, a los escándalos de presunto fraude electoral, mencionando directamente el proceso presidencial de 2006 que involucró a Andrés Manuel López Obrador. Batres Guadarrama afirmó que la historia electoral del país está «llena de inequidad y de arbitrariedad», y que existen antecedentes de casos en los que la autoridad electoral optó por «destruir el material comprobatorio en lugar de dejar transparencia».

Enfatizó que la falta de criterios bien definidos permite a la autoridad electoral tomar decisiones «absolutamente interesadas para nulificar a una de las partes», imponiéndole sanciones y multas exorbitantes, mientras exime de responsabilidad a otros participantes por la misma conducta. Su propuesta buscaba establecer criterios más rígidos para garantizar la equidad y la certeza en el proceso sancionador.

La Posición Contraria: Flexibilidad ante la Evolución Tecnológica

En contraposición a la postura de rigidez, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García defendió la necesidad de mantener la flexibilidad del INE para aplicar sanciones. El ministro argumentó que el campo electoral evoluciona constantemente, especialmente con el uso de la tecnología.

Guerrero García ejemplificó su punto señalando que ni la Constitución ni la legislación electoral actual contemplan una sanción específica para el uso de redes sociales, las cuales son hoy en día el principal campo de batalla político. El ministro explicó que si se impusiera un carácter rígido y el principio de tipicidad estricta, la ley electoral «tendría que ser muy exacta y enfocarse al uso de redes sociales», lo cual la haría obsoleta rápidamente ante cada avance tecnológico.

Implicación de la Decisión

Con el voto de mayoría, la SCJN determinó que el INE mantendrá sus facultades sancionadoras tal como están, priorizando la capacidad de adaptación y la discrecionalidad del órgano frente a la dinámica del proceso electoral. La decisión representa un revés para la propuesta que buscaba reducir el margen de maniobra de la autoridad electoral, manteniendo intacto el andamiaje actual de fiscalización y sanción en la materia.