Se analiza probable suma millonaria que la Fiscalía General de la República (FGR) pagaría por fallida ‘Operación Limpieza’. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto la posibilidad de que se imponga una responsabilidad patrimonial al Estado por las irregularidades ocurridas durante la mencionada operación llevada a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón, la cual resultó en la detención de ex funcionarios públicos basada en testimonios falsos de testigos protegidos.

Uno de los demandantes, Javier Herrera Valles, ex comisario de la Policía Federal (PF), está buscando una indemnización de 70 millones de pesos por los daños sufridos debido a su encarcelamiento injusto. El caso ha llegado a la Primera Sala de la SCJN y está siendo estudiado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Marisela Morales Ibáñez la principal señalada

Durante años, Marisela Morales Ibáñez, quien fue la primera mujer en dirigir la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la responsable de implementar la «Operación Limpieza», ha sido objeto de numerosas denuncias por irregularidades. Sin embargo, los organismos internos encargados de realizar investigaciones, como la Contraloría, nunca llevaron a cabo acciones al respecto.

El argumento utilizado para evitar una investigación más exhaustiva fue que los delitos ya habían prescrito, ya que las denuncias se presentaron después de que los acusados recuperaron su libertad, en lugar de hacerlo cuando se descubrió la falsedad de las declaraciones de los testigos protegidos.

Según funcionarios del gobierno federal, ninguno de los testigos protegidos que mintieron durante las investigaciones de la «Operación Limpieza» ha sido sancionado, y la mayoría ha huido del sistema de protección.

Javier Herrera Valles, quien pasó cuatro años en prisión injustamente, presentó denuncias contra Marisela Morales y su antiguo colaborador, Irving Barrios Mojica, quien actualmente es fiscal de Justicia de Tamaulipas. Los acusó de presuntos delitos contra la administración de justicia.

Otros funcionarios detenidos durante la «Operación Limpieza», pero a quienes no se les pudo procesar, incluyen a Nora Caballero Trejo, ex agente del Ministerio Público Federal, acusada de delitos contra la administración de justicia, y Silvia Méndez Mendoza, acusada de falsedad de declaraciones. En 2020, la FGR determinó que no se ejercería acción penal contra ninguno de los acusados.

FGR pagaría suma millonaria por fallida ‘Operación Limpieza’

También se ha mencionado que no se ha tomado ninguna acción contra los testigos protegidos José Salvador Puga Quintanilla, Roberto López Nájera, Sergio Villarreal Barragán y Víctor Hugo Martínez Rocha, quienes han sido denunciados por falsedad de declaraciones.

Ahora, la única posibilidad de que la FGR sea responsabilizada y obligada a pagar por las irregularidades cometidas en el pasado es si la Corte ampara a Javier Herrera Valles, quien busca una indemnización de más de 70 millones de pesos por daños materiales y morales.

Herrera Valles argumenta que su encarcelamiento se debió a las denuncias que presentó contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, quien en la actualidad se encuentra encarcelado en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa.

La situación actual en la que se encuentra la FGR respecto a esta posible indemnización millonaria es un tema que ha llamado la atención tanto de la opinión pública como de los expertos legales. La decisión final de la Corte será crucial para determinar si el Estado deberá responsabilizarse por las fallas y las consecuencias de la fallida «Operación Limpieza».