Este viernes se cumple un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, y del inicio de un proceso judicial complejo que ha generado tensiones diplomáticas, reacomodos criminales y una ola de violencia en el noroeste de México.

El 25 de julio de 2024, Zambada fue capturado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en El Paso, Texas, por autoridades estadounidenses. Su aprehensión representó uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la región en la última década.

Versión oficial en disputa

Tras el operativo, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que México no participó en la detención y solicitó a Estados Unidos aclarar los detalles del caso. La falta de coordinación entre ambos gobiernos generó tensiones diplomáticas, que se mantienen hasta la fecha.

Aunque inicialmente se manejó la versión de una entrega voluntaria, difundida por el abogado de “El Chapo”, José Luis González Meza, el defensor legal de Zambada, Frank Pérez, negó dicha narrativa. En una carta firmada por el propio Zambada, éste denunció haber sido secuestrado y entregado sin su consentimiento por Guzmán López, quien lo habría engañado con una falsa reunión en Sinaloa.

A raíz de esa declaración, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación el 11 de agosto de 2024 por posibles delitos de secuestro, uso indebido de aeronaves, violación migratoria y traición a la patria.

Proceso legal y consecuencias internas

Zambada fue trasladado a Nueva York el 15 de agosto tras autorización de una corte federal en Texas. Allí, el 13 de septiembre de 2024, se declaró inocente de 17 cargos, entre ellos narcotráfico, homicidio y lavado de dinero, ante el juez Brian Cogan, quien también condenó a “El Chapo” Guzmán.

Su detención provocó una ruptura interna en el Cártel de Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, lo que detonó un incremento de la violencia en Sinaloa. El Gobierno Federal desplegó más de 2,000 efectivos de seguridad para contener los enfrentamientos.

Aunque México solicitó formalmente la extradición de Zambada desde julio de 2024, el Departamento de Estado de EE.UU. no reconoció la petición sino hasta diciembre del mismo año. Durante ese periodo, autoridades mexicanas insistieron en esclarecer las condiciones jurídicas de la detención.

Ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, las fuerzas federales intensificaron los operativos contra la organización criminal, logrando la detención de figuras cercanas a Zambada como Edwin Antonio “N”, alias “El Oso”, y Juan Carlos Gastélum, conocido como “Chavo Félix”.

Acuerdos con “Los Chapitos”

Mientras tanto, los líderes de la facción rival —Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López— entablaron negociaciones con las autoridades estadounidenses. El 30 de junio de 2025, Ovidio firmó un acuerdo para declararse culpable en Illinois. El 11 de julio, se declaró culpable de cuatro cargos, aceptó una multa de 80 millones de dólares y evitó un juicio en Nueva York.

La presidenta Sheinbaum criticó este acuerdo, señalando la contradicción entre tales negociaciones y la política de “tolerancia cero” expresada por el entonces presidente Donald Trump, quien había calificado a los cárteles como “organizaciones terroristas”.

A la fecha, el juicio contra Zambada en Nueva York no tiene fecha definida. Aunque existe la posibilidad de que su defensa busque un acuerdo de culpabilidad, su perfil como figura histórica del narcotráfico podría convertir el caso en un precedente legal significativo para el sistema judicial estadounidense y para las relaciones con México.

El futuro del juicio, y de la relación bilateral en materia de seguridad, permanece incierto. Mientras tanto, la fragmentación del Cártel de Sinaloa sigue generando tensión territorial y violencia en regiones clave del país.

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