La violencia de género continúa siendo una problemática latente en nuestro país, y un informe reciente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revela un preocupante crecimiento del 50% en los casos de hostigamiento y acoso sexual en el gobierno federal durante el año 2022.

Un aumento alarmante que contrasta con las expectativas de avance y respeto hacia las mujeres

Estas cifras de alarma ponen en evidencia una situación que debe ser atendida de manera inmediata, ya que contrastan con las expectativas de avance y respeto hacia las mujeres en el ámbito laboral. En total, se presentaron 505 denuncias por actos de hostigamiento y acoso sexual cometidos por trabajadores y funcionarios de al menos 112 dependencias federales. Esta cifra representa un aumento de 184 casos en comparación con el año anterior, cuando se registraron 321 denuncias, y es casi el doble de las 255 denuncias de 2020.

Un riesgo para la seguridad y el bienestar de las víctimas

Es importante destacar que este tipo de agresiones son especialmente preocupantes, ya que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de las víctimas. Entre las dependencias que se encuentran en el ojo del huracán por la cantidad de denuncias recibidas se encuentran la Secretaría de Marina, con 64 casos reportados; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 47; y el Colegio de Bachilleres, con 30. Este último resalta por la impactante multiplicación de denuncias, ya que en 2020 solo se registraron dos casos. Incluso, en marzo pasado, diversos grupos de mujeres se manifestaron en tres planteles del Colegio de Bachilleres para denunciar la violencia sexual perpetrada por profesores y alumnos. Ante estas acusaciones, la institución ha implementado mesas de diálogo, pláticas de prevención del acoso y apoyo para canalizar las denuncias.

Medidas insuficientes y falta de claridad sobre las acciones penales del gobierno federal

El informe del Inmujeres también revela que en el 50% de los casos denunciados se tomaron medidas como la restricción de contacto o acercamiento entre la persona denunciada y la víctima, la reubicación de la persona denunciada en otra área o la reubicación de la presunta víctima. Sin embargo, queda en incertidumbre si se han tomado acciones penales contra los responsables, ya que el informe no lo especifica.

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