Dos hombres identificados como Yeshua N. y Jorge N. se entregaron de manera voluntaria a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC), luego de haber sido señalados como presuntos implicados en una violación tumultuaria denunciada por la ciudadana Susan Saravia. El caso ha generado atención pública bajo la denominación mediática de “La Manada de Campeche”.

La entrega de ambos individuos se produce días después de que un tercer implicado, Ángel N., fuera detenido por autoridades ministeriales. Los tres son señalados en la carpeta de investigación CI-2-2025-448, abierta tras la denuncia formal de la víctima ante la Fiscalía estatal.

De acuerdo con el testimonio de Saravia, los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo de 2025, tras una salida nocturna a un bar en compañía de amigos y conocidos. Posteriormente, el grupo se dirigió al departamento de la víctima, donde, según su denuncia, se habría cometido la agresión sexual múltiple.

La madre de la denunciante, Liz Saravia, fue quien inicialmente hizo público el caso a través de redes sociales, solicitando justicia para su hija. Posteriormente, la propia víctima hizo declaraciones en las que señaló directamente a los tres jóvenes y afirmó haber recibido ofrecimientos económicos y materiales por parte de familiares de uno de los acusados para desistirse del proceso legal.

Uno de los señalados, Yeshua N., difundió recientemente un audio en redes sociales en el que expresó su inconformidad con la cobertura del caso, argumentando que los hombres pueden ser víctimas de falsas acusaciones y que, a su juicio, la sociedad suele tomar partido inmediato a favor de las mujeres. “Hoy en día, cualquier hombre puede ser acusado falsamente de este tipo de delitos”, expresó.

El caso ha sido comparado en redes sociales con el de La Manada de Pamplona, ocurrido en España en 2016, que involucró una violación grupal y desató un debate global sobre la violencia sexual, el consentimiento y el sistema judicial.

Tras la presentación voluntaria de los dos hombres, la Fiscalía del Estado continuará con el proceso legal correspondiente, que incluye la judicialización del caso y la valoración de pruebas testimoniales, médicas y periciales.

La FGEC no ha emitido hasta el momento una postura pública sobre la situación jurídica de los detenidos, ni ha informado si se solicitará la vinculación a proceso o prisión preventiva.

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