En vísperas de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a los gobiernos estatales y municipales a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las marchas del 8M y evitar la criminalización de la protesta social.

A través de un comunicado, la dependencia federal subrayó que las manifestaciones son una herramienta legítima para visibilizar las demandas de las mujeres en México, por lo que corresponde a las autoridades generar condiciones para que las movilizaciones se desarrollen de forma segura.

La Segob llamó a las autoridades locales a aplicar protocolos institucionales que prioricen el diálogo sobre el uso de la fuerza pública, con el objetivo de evitar confrontaciones entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Según la dependencia, el desafío para los gobiernos no debe centrarse en contener las marchas, sino en facilitar que las protestas se realicen sin violencia y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

En ese contexto, Gobernación recordó la vigencia del Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, una guía dirigida a autoridades estatales y municipales para atender movilizaciones sociales desde un enfoque preventivo y de respeto a las libertades civiles.

Este instrumento plantea diversas acciones, entre ellas abrir canales de comunicación con colectivos y organizaciones, atender sus demandas, establecer rutas de evacuación en caso de emergencia y designar enlaces para medios de comunicación que den cobertura a las marchas.

La dependencia federal indicó que estas medidas buscan garantizar la libre expresión de las mujeres sin poner en riesgo su integridad ni la de terceros, al tiempo que se proteja el derecho a la información y el trabajo de periodistas durante las movilizaciones.

Como parte de este enfoque, Gobernación difundió un decálogo de principios que deben guiar la actuación de las autoridades durante las protestas pacíficas. Entre ellos destacan el respeto a la libertad de manifestación y expresión, la no criminalización de la protesta social, la prohibición del uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y la protección de la integridad física tanto de participantes como de terceros.

Asimismo, el documento plantea garantizar la labor de periodistas y comunicadores, privilegiar la resolución pacífica de conflictos y adaptar los protocolos a las realidades de cada entidad federativa.

La Segob señaló que cada movilización puede tener características distintas según el contexto local, por lo que las autoridades pueden ajustar sus estrategias de atención. No obstante, reiteró que el principio central debe ser priorizar el diálogo, la prevención y el respeto a los derechos humanos durante las protestas del 8M.

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