La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el primer borrador de la llamada “reforma enriquecida” en materia de desaparición de personas, construida a partir de las mesas de diálogo sostenidas desde abril con más de 450 colectivos y familias. Sin embargo, el documento cuenta hasta ahora con el respaldo de solo 276 de esos grupos, lo que equivale al 61% de aprobación.

Durante la presentación, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, subrayó que el objetivo es seguir buscando consensos para lograr mayor representatividad. “Esperamos lograr los consensos necesarios para que sean más quienes apoyen y se sientan representados en esta reforma”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la propuesta ya ha sido fortalecida gracias al trabajo conjunto con víctimas y familiares. Hizo un llamado al Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo y acelerar su discusión en un próximo periodo extraordinario. “Estas reformas no son solo de este Gobierno. Reflejan diálogos y acuerdos con la mayoría de las familias. No todo se resuelve en la ley, pero es un paso importante”, expresó.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, respondió a críticas de algunos colectivos inconformes, quienes señalaron que la iniciativa solo consideró propuestas de tres plataformas. “No hay ninguna simulación. Esto todavía no concluye, pero era necesario cerrar esta etapa para avanzar legislativamente. El diálogo no termina aquí”, aclaró.

Agenda Nacional de Derechos Humanos y Consejo Nacional Ciudadano

Como parte del seguimiento, el próximo 3 de julio se celebrará la Agenda Nacional de Derechos Humanos, donde se espera la participación de secretarios de Gobierno de las 32 entidades federativas. Ahí se delinearán acciones concretas frente a la crisis de desapariciones.

Asimismo, la Segob firmó este lunes un exhorto al Senado para emitir la convocatoria que permitirá instalar formalmente el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Este órgano, conformado por 13 especialistas y familiares, tendrá atribuciones para vigilar el proceso legislativo, presentar propuestas y solicitar información al Congreso.

Principales modificaciones acordadas en la reforma

Tras el diálogo con los colectivos, el documento incorpora 20 modificaciones clave a la propuesta original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo. Entre los cambios más relevantes destacan:

• Obligación inmediata de registrar denuncias de desaparición por parte de cualquier autoridad, y sanción por omisión.
• Incorporación de conceptos como familia social y nombre social.
• Creación de una Plataforma Única de Identidad, con protección de datos personales y sanción por uso indebido.
• Acceso de las fiscalías a las bases de datos del INE, previo convenio.
• Obligación a todas las instituciones con resguardo de cuerpos de garantizar trato digno y registros actualizados.
• Realización obligatoria de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de inhumaciones en fosas comunes.
• Refuerzo de estándares científicos en análisis forense y atención a solicitudes de familiares.
• Ampliación de acceso a bases de datos de salud, migración y asistencia social para fines de búsqueda.
• Eliminación del artículo 23 Bis que impedía la duplicación de investigaciones.
• Revisión trimestral del Sistema Nacional de Búsqueda (en lugar de semestral).
• Protocolo obligatorio para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda.
• Inclusión con voz y voto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Sistema Nacional de Búsqueda.
• Condición expresa de no requerir CURP para iniciar búsqueda, especialmente en casos de migrantes, recién nacidos o pueblos indígenas.
• Enfoque diferenciado para prevenir desapariciones, con capacitación también al sector privado.

Aunque la reforma ya fue perfilada para su discusión legislativa, las autoridades aclararon que el diálogo con los colectivos continuará en mesas paralelas, con miras a desarrollar instrumentos complementarios como reglamentos, protocolos y políticas públicas. El objetivo, señalaron, es garantizar que esta ley represente a las víctimas, incorpore sus experiencias y mejore la respuesta institucional ante una de las crisis más graves en materia de derechos humanos del país.

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