El Senado de la República avanza en el análisis de una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, orientada a modernizar los mecanismos de protección de patentes, fomentar la transferencia de tecnología, agilizar trámites y reforzar el combate a la piratería, con el objetivo de posicionar a México como una economía competitiva y basada en la innovación.

Durante una reunión de comisiones, legisladores, autoridades del sector económico y expertos en propiedad intelectual discutieron las implicaciones de la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. Entre sus principales metas se encuentra simplificar el proceso de registro de patentes, introducir herramientas legales como la solicitud provisional y dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de mayores facultades para actuar de forma más ágil y efectiva.

Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, explicó que la iniciativa busca acelerar el otorgamiento de patentes mexicanas, fortalecer la protección de signos distintivos, invenciones, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, además de impulsar la transferencia tecnológica como motor del desarrollo científico y económico del país.

En paralelo, Nieto destacó los avances de la llamada “Operación Limpieza”, una estrategia nacional para combatir la piratería, desplegada en conjunto con gobiernos estatales. Esta iniciativa se enfoca en proteger a los consumidores, evitar pérdidas económicas a la industria nacional y preservar el valor de las marcas registradas en México.

Por su parte, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, subrayó que esta propuesta no se limita a una actualización técnica, sino que representa una transformación de fondo en el sistema de protección a la creatividad e innovación nacional. Señaló que con esta reforma, el IMPI se convertirá en una institución más moderna, con nuevas funciones de supervisión, asesoría y sanción, al servicio de emprendedores, inventores y empresas.

En representación de la Secretaría de Economía, César García Mondragón, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, explicó que se incorporarán figuras clave como la solicitud provisional de patente, que permitiría fijar prioridad con menor carga administrativa, dando hasta 12 meses para presentar documentación técnica completa. Esta modalidad también permitiría a inventores buscar inversión antes de una solicitud definitiva.

La iniciativa también contempla plazos definidos y acotados legalmente para la resolución de trámites, lo que reduciría hasta en 20% los tiempos para otorgar patentes, registros de marcas o nombres comerciales, contribuyendo a un entorno más accesible para la innovación.

De aprobarse, la reforma significaría un avance estructural en la protección del patrimonio intelectual, además de enviar un mensaje claro sobre el compromiso de México con el combate a las prácticas desleales y la consolidación de una economía basada en el conocimiento.

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