En una sesión calificada como histórica, el Senado de la República aprobó una reforma a las leyes del Infonavit y del ISSSTE que permitirá utilizar los recursos de las subcuentas de vivienda de trabajadores activos para financiar créditos dirigidos a personas sin empleo formal.

El dictamen, ya enviado al Ejecutivo federal, plantea un cambio estructural en el modelo de acceso a vivienda al incorporar a sectores tradicionalmente excluidos, como trabajadores independientes y personas en la economía informal. La iniciativa busca reducir el rezago habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna como derecho constitucional.

De acuerdo con estimaciones legislativas, la medida podría beneficiar inicialmente a más de 5 millones de familias. Bajo el nuevo esquema, quienes no son derechohabientes podrán acceder a financiamiento mediante aportaciones directas, a través de convenios con instituciones financieras y plataformas digitales supervisadas por la autoridad hacendaria.

Durante el debate, legisladores afines a la reforma defendieron que el uso de estos recursos permitirá movilizar el ahorro nacional sin afectar los fondos de los trabajadores, asegurando rendimientos competitivos y sostenibilidad financiera.

No obstante, la oposición y algunos representantes del sector privado expresaron preocupaciones sobre el impacto a largo plazo. Advirtieron que el uso del patrimonio de los trabajadores para financiar a terceros podría generar riesgos de liquidez en escenarios económicos adversos.

Pese a las diferencias, la reforma fue avalada y ahora queda pendiente su promulgación. El cambio abre la puerta a un modelo más incluyente, aunque bajo escrutinio sobre su viabilidad financiera en el mediano y largo plazo.