Senado aumenta a 25 Años la pena máxima por extorsión
Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad un dictamen que eleva drásticamente las penas contra extorsionadores, modificando la minuta previamente enviada por la Cámara de Diputados.
El principal cambio consiste en establecer una pena máxima de 25 años de prisión para el delito de extorsión, superando los 15 años fijados inicialmente en San Lázaro. Esta decisión no solo busca imponer un castigo más severo, sino también corregir un «error» que habría permitido que extorsionadores sentenciados en entidades con leyes más estrictas (como Morelos, Quintana Roo y Michoacán) pudieran quedar en libertad.
Un Mínimo de 15 Años de Prisión Garantizado
La nueva ley, de carácter general para todo el país, incluido Ciudad de México, establece las siguientes penalidades base:
- Pena Mínima: 15 años de prisión.
- Pena Máxima: 25 años de prisión.
Este endurecimiento de la ley garantiza que en ningún estado un extorsionador reciba una sentencia menor a 15 años.
Dato Clave
El tipo penal que se sancionará será: «quien sin derecho, obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alaguien un daño o perjuicio patrimonial físico o psicológico.»
Extorsión con Agravantes: La Sentencia Podría Alcanzar los 42 Años
El dictamen del Senado va más allá de la pena base e incorpora agravantes que sumarán hasta 17 años más de prisión, llevando la pena de cárcel a un máximo histórico de 42 años en los casos más graves.
Los agravantes que dispararán la sentencia son:
- Cobro de piso.
- Imposición de precios.
- Uso del sistema financiero para cometer el delito.
- Extorsión contra candidatas o candidatos a un cargo de elección popular.
Ataque Frontal a las Cárceles: Inhibición de Llamadas y Persecución de Oficio
Las comisiones también aprobaron un paquete de 15 modificaciones a la Ley General contra la Extorsión que buscan optimizar la capacidad del Estado para investigar y sancionar el delito.
Una de las medidas más celebradas es la persecución de oficio del delito de extorsión desde los centros penitenciarios. Además, se establecen procedimientos claros para la inhibición de llamadas que se originan en las cárceles, una práctica común en la extorsión telefónica.
Otro cambio fundamental que busca enviar un mensaje contundente es la imposibilidad de obtener beneficios de libertad contra extorsionadores. Esto incluye libertad anticipada, conmutación de la pena y cualquier otro mecanismo que implique la reducción de la sentencia.
