En una sesión extraordinaria celebrada este sábado, el pleno del Senado aprobó, en lo general, el paquete de reformas que darán origen a la Comisión Nacional Antimonopolio, un nuevo organismo que asumirá las funciones de la desaparecida Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La reforma fue respaldada con 68 votos a favor y 35 en contra, y ahora será turnada al Ejecutivo Federal para su publicación.

La nueva comisión, según lo propuesto en la reforma, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, y centralizará en una sola entidad las funciones de competencia de todos los sectores de la economía, incluidos sectores clave como las telecomunicaciones y su regulación asimétrica. Con ello, se busca unificar y fortalecer la regulación económica en el país.

Defensa del gobierno: cumplimiento con el T-MEC

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, defendió la reforma argumentando que la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio responde a una nueva "arquitectura legal y orgánica" que fortalecerá la política de competencia económica en el país. Destacó que la reforma cumple con lo establecido en el artículo 21 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de competencia económica, y aseguró que la nueva estructura consolidará a México como un referente internacional en agencias de competencia y protección al consumidor.

Reyes también resaltó que la creación de la comisión no solo busca simplificar la administración pública, sino también fortalecer el marco legal para garantizar una competencia justa y eficiente en la economía mexicana.

¿Qué implica la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio?

La Comisión Nacional Antimonopolio será una nueva entidad encargada de la política de competencia económica en el país, con la facultad de investigar prácticas monopólicas, sancionar abusos de poder de mercado y regular sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones. La reforma busca fortalecer el marco normativo y garantizar una competencia económica más eficiente, aunque las críticas apuntan a que su centralización podría comprometer la independencia de la comisión y la pluralidad de las decisiones regulatorias.

La reforma ahora está en manos del Ejecutivo Federal para su promulgación y aplicación, lo que marcaría un cambio importante en la estructura regulatoria del país. El debate sobre su impacto en la democracia económica y la libertad de mercado continuará en las próximas semanas.

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