El Senado de la República aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de la carta de antecedentes no penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

El senador Napoleón Gómez Urrutia explicó que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social.

Con 69 votos a favor, los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.

Al eliminar la necesidad de una carta de no antecedentes penales, se espera que más personas tengan la oportunidad de reintegrarse en la sociedad y encontrar empleo.

El Poder Legislativo acordó, que dicha constancia de no antecedentes penales sólo podrá ser aplicada cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.

El gobierno de México define a la carta de antecedentes no penales como un documento oficial que sirve para hacer constar la existencia o no de una sentencia por un delito contra una persona.

Este oficio lo emite el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tanto en el formato físico, como digital. Actualmente tiene un costo de 197 pesos y se puede pagar en cualquier institución bancaria.

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