El Senado de la República pospuso indefinidamente la aprobación de las iniciativas sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Esta decisión fue tomada después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, acordara dar más tiempo para que las madres buscadoras pudieran presentar propuestas.

La reforma incluye aspectos clave en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Ante ello, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que las iniciativas, que originalmente se iban a discutir el próximo martes en comisiones, no se aprobarán en este período de sesiones.

Se prevé que la discusión se realice en una sesión extraordinaria después de junio. La propuesta de postergar la discusión surgió luego de que se reconociera la necesidad de un diálogo más profundo con los colectivos de madres buscadoras.

Integrantes de las comisiones del Senado señalaron que están de acuerdo con que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de conducir el diálogo con las madres buscadoras. Este enfoque busca evitar que el tema se politice, una preocupación surgida después de que el Partido Acción Nacional (PAN) intentara utilizar el asunto para fines electorales.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto de reforma sobre desapariciones incluye la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como herramienta esencial para la identificación de las personas desaparecidas.

Además, la iniciativa propone crear una Plataforma Única de Identidad que facilitaría la localización de personas desaparecidas al conectarse con diversas bases de datos. Esta plataforma trabajaría en conjunto con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

Con esta medida, se busca optimizar los recursos y realizar búsquedas exhaustivas, aumentando así las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas. La reforma también pretende ser un paso hacia la mejora de las políticas de atención a las víctimas, garantizando la eficiencia en la búsqueda y localización.

La postergación de la aprobación de esta ley genera expectativas sobre su futura discusión y los cambios que podría traer al marco legal en relación con las desapariciones forzadas en México.

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