Por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde la reforma de 1994, el presidente de la República será quien designe directamente a una de las integrantes del Pleno.

Con votos anulados y en contra por parte de la oposición, el Senado de la República rechazó por segunda ocasión la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para designar la ministra de la SCJN que sustituirá a Arturo Zaldívar.

Así, Lenia Batres Guadarrama sólo obtuvo 54 votos; Bertha María Alcalde, 16; María Eréndira Cruzvillegas, 2; tres senadores anularon su voto y un total de 46 legisladores votaron en contra de toda la terna.

Durante la sesión los integrantes de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD y el Grupo Plural anunciaron que anularían sus votos y votarían en contra de las candidatas.

Al emitir sus posturas, los legisladores de la oposición coincidieron en que las tres candidatas propuestas tienen una relación laboral con el Ejecutivo federal que no garantiza su imparcialidad como juezas constitucionales.

Reconocieron que durante las cuatro designaciones que se han realizado en el sexenio, optaron por evitar que el presidente realice los nombramientos de manera directa, lo que no necesariamente fue lo más adecuado.

Buscan mayor responsabilidad del mandatario mexicano

Por ello, indicaron que en esta ocasión buscan que el mandatario federal se responsabilice de lo que calificaron como una “colonización” de la Suprema Corte.

En consecuencia, el presidente López Obrador deberá elegir a la nueva ministra entre Alcalde Luján, Batres Guadarrama y Cruzvillegas Fuentes.

De las mencionadas, las dos primeras ya habían formado parte de la terna anterior y durante el debate del Senado la que más votos obtuvo fue Alcalde Luján, con un total de 68, mientras que Batres Guadarrama obtuvo dos.

¿Qué sucedió en la segunda comparecencia?

En esta su segunda comparecencia, Bertha María Alcalde intentó convencer a los senadores afirmando que sería una juez constitucional cercana a la gente e independiente.

“Estoy convencida de que el acceso a la justicia no depende tan sólo de leyes adecuadas y el fortalecimiento de instituciones, depende también de personas juzgadoras con principios que estén capacitadas profesional y humanamente a ejercer esta noble función. Conviene entonces reflexionar cuáles son las cualidades que requerimos de una buena juzgadora para los tiempos que vivimos”, dijo.

“Una buena juzgadora es independiente e imparcial en el ejercicio de su función, no cede ante presiones no solo de otros poderes del Estado, sino tampoco de poderes fácticos, como los económicos y mediáticos; es honesta y saber ver siempre por encima de su interés personal o sus dilaciones políticas, resuelve sin ideas preconcebidas analizando caso por caso, a partir de los hechos, el derecho y los elementos probatorios, puede ver que entre el blanco y el negro muchas veces hay una enorme tonalidad de grises y su deber es identificarlos”.

Lenia Batres, la que más votos obtuvo esta vez inició su exposición criticando la poca efectividad y accesibilidad de la justicia en México y afirmó que los ministros de la Corte, jueces y magistrados federales están incumpliendo la Constitución porque ganan más que el presidente de la República.

“De ser nombrada por esta soberanía como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibiera una remuneración inconstitucional devolvería inmediatamente a la Tesorería de la Federación el indebido excedente”, afirmó.

Pugnó por reformar al PJF para elegir a los jueces y ministros mediante voto popular.

“La función judicial no es patrimonio de los jueces, no es parte de una carrera escalafonaria sino servicio público para la sociedad”, enfatizó.

Mientras que Eréndira Cruzvillegas centró su comparecencia en el papel de defensa de los derechos humanos que tiene la SCJN, área a la que ella ha dedicado su vida profesional.

“Hoy esperamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe de manera decidida para hacer eficaces los derechos humanos reconocidos formalmente en el bloque de constitucionalidad a través del principio pro persona”, señaló.

“Justicia que no es expedita, no es justicia; justicia que no es transparente, no es justicia; justicia que no es gratuita, no es gratuita”.