La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la iniciativa de reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, marcando un cambio histórico nacional.

El Senado recibió el documento esta tarde y se prevé que la próxima semana el secretario del Trabajo Marath Bolaños se reúna con legisladores para revisar su contenido.

Senadores anticipan que la reforma podría aprobarse por consenso antes de concluir el actual periodo ordinario, debido al amplio respaldo previo mostrado en comisiones legislativas.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, afirmó que la iniciativa atiende “una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras”, calificándola como un acto de justicia laboral.

Castillo enfatizó que el proyecto “representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada, con el compromiso de la presidenta hacia las familias mexicanas”.

Contenido de la reforma

La propuesta establece la jornada de 40 horas en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducciones salariales ni pérdida de prestaciones.

Por primera vez se prohibirán horas extras para menores de edad, reforzando la protección laboral infantil y cerrando vacíos normativos que habían permanecido sin actualización durante años.

La reducción se aplicará de manera gradual, avanzando dos horas por año hasta alcanzar el total en 2030, permitiendo ajustes productivos y administrativos en los centros laborales.

Su análisis y aprobación en el Congreso y congresos estatales deberá concretarse durante 2026, según el calendario inicial previsto por la administración federal.

Implementación y controles

La primera reducción de dos horas se aplicará el 1 de enero de 2027, mientras 2026 funcionará como periodo de adaptación para empresas y trabajadores.

La reforma también permitirá entre nueve y 12 horas extraordinarias voluntarias, incorporando además un tope máximo de cuatro horas triples, inexistente anteriormente en la legislación.

Se añadirá la obligación empresarial de implementar registros electrónicos de jornada laboral, con el objetivo de garantizar cumplimiento, transparencia y supervisión por parte de autoridades laborales.

El Senado actuará como cámara de origen y, de aprobarse, la reforma entraría en vigor el 1 de mayo de 2026, con impacto nacional inmediato.

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