Preocupación y críticas se han generado tras la aprobación en el Senado de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando una posible violación constitucional, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia e integrante del Colectivo La Justicia que Queremos, expresó su descontento por la falta de claridad en torno a la causa grave que motivó la renuncia de Zaldívar y considera que el Senado ha violado la Constitución al aceptarla sin esclarecer adecuadamente dicha causa.

«En ningún momento quedó acreditada la causa grave», afirmó Delgadillo, refiriéndose a la renuncia del ministro Zaldívar. Además, manifestó su preocupación por la rapidez con la que se aceptó la renuncia y se presentó una nueva terna para su reemplazo, sin resolver previamente la constitucionalidad de dicha renuncia.

Ante esta situación, la directora de la Fundación para la Justicia hizo hincapié en que no se citó al ministro Zaldívar y advirtió que están considerando presentar amparos para detener la designación del nuevo ministro. Insistió en que no se debería proceder con un nuevo nombramiento hasta que se resuelvan las controversias sobre la renuncia y se garantice el respeto a la Constitución.

Para el colectivo La Justicia que Queremos, la designación de un nuevo ministro por un periodo de 15 años representaría una ruptura con el orden constitucional. Delgadillo hizo un llamado a la sociedad mexicana para estar alerta y defender las instituciones democráticas, resaltando la importancia de la participación ciudadana en momentos críticos como este. Además, advirtió sobre el peligro del avance del autoritarismo y citó ejemplos como los casos de Polonia y Hungría, donde se busca militarizar y tomar el control del Poder Judicial.

Asimismo, es urgente abordar los desafíos en la designación de ministros y preservar la independencia judicial como piedra angular de la democracia en México, destacó Delgadillo, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar que estos procesos se realicen de manera transparente y respetando los principios constitucionales.