La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró este martes que la cifra de 600 mil millones de pesos señalada como daño al erario por contrabando de combustibles no fue declarada directamente por la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, sino mencionada en el contexto de una comparecencia en la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que dicha cifra fue referida por un legislador y no forma parte de una declaración oficial emitida por la funcionaria. “Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta (…) en una comparecencia de ella, pero ella no lo declara”, afirmó.

La mandataria indicó que aún se deben consolidar las investigaciones para determinar con mayor precisión el monto del perjuicio fiscal derivado del denominado “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustible mediante el cual se ingresan gasolinas simulando otros productos para evadir impuestos.

Procuradora sí reconoció cifra en declaraciones previas

No obstante, declaraciones previas de Grisel Galeano, ofrecidas a medios tras su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sí refieren que el daño al fisco podría ascender a 600 mil millones de pesos, cifra basada en los casos en investigación hasta el momento. De ese total, se estima que al menos 16 mil millones ya están incluidos en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.

La funcionaria señaló que estas redes de contrabando operan bajo esquemas de delincuencia organizada, lo cual ha dificultado el avance de las indagatorias. Galeano subrayó que los procesos judiciales relacionados podrían extenderse durante más de un año, debido a la complejidad de las operaciones y al número de personas posiblemente involucradas.

Investigaciones continúan; aún sin señalamientos directos a Semar

Consultada sobre posibles vínculos entre funcionarios de la Secretaría de Marina y estas redes ilícitas —en referencia al escándalo reciente relacionado con huachicol fiscal— Galeano evitó confirmar responsabilidades específicas, aunque reconoció que hay funcionarios y exfuncionarios bajo proceso judicial.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, destacó el papel poco visibilizado que algunos agentes aduanales podrían tener en el contrabando de combustibles. Aunque no se han presentado acciones judiciales contra estos actores, Lerma señaló que los esfuerzos en materia de fiscalización han contribuido a un incremento anual de más de 200 mil millones de pesos en recaudación por aduanas.

“Muchos de los resultados que se están viendo y las querellas que se están integrando tienen que ver con investigaciones del pasado”, apuntó el subsecretario.

Desde el Ejecutivo federal, Sheinbaum reiteró que se trabaja en mejorar los mecanismos de fiscalización y en consolidar investigaciones que permitan cuantificar con mayor certeza el impacto económico del huachicol fiscal. En ese sentido, insistió en que el monto del daño “hay que estimarlo con base en el avance de las carpetas de investigación”.

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