La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que sus declaraciones sobre la expropiación de terrenos vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fueron emitidas con cautela y enmarcadas en el respeto al debido proceso. Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que “parece que” las propiedades fueron adquiridas con recursos ilícitos, sin que ello constituya una afirmación definitiva.

“Fui puntual en señalar que ‘parece que’ fueron adquiridas con recursos ilícitos. Pero en todo caso, el señor Moreno tiene el derecho a inconformarse y a defenderse si considera que ha sido afectado por un acto de autoridad”, expresó la presidenta.

Las declaraciones se producen luego de que el pasado martes la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunciara la expropiación de cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, los cuales están registrados a nombre de Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno, y del arquitecto Juan José Salazar Ferrer. Las propiedades —de un total de ocho hectáreas— serán destinadas a la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La expropiación se realizó al amparo de la recién reformada Ley de Expropiación del estado de Campeche. La medida ha sido cuestionada por Moreno, quien acusó a Sheinbaum de difamación y anunció que tomará acciones legales.

En respuesta, Sheinbaum recordó que la figura de extinción de dominio —a la que se han referido varios funcionarios— está contemplada en la legislación nacional y busca recuperar bienes obtenidos mediante actos de corrupción, lavado de dinero o vinculados al crimen organizado. La presidenta subrayó que esta medida debe aplicarse siempre que se demuestre judicialmente el origen ilícito del bien.

“Evidentemente todo debe pasar por un juez. Pero si se adquiere un predio con recursos públicos o mal habidos, por corrupción o moches, y se demuestra, claro que debe aplicarse la extinción de dominio”, declaró.

La mandataria señaló también que uno de los principales problemas del marco legal vigente es la dificultad para ejecutar extinciones de dominio, incluso en casos donde ya existen sentencias condenatorias. Por ello, indicó que su gobierno está trabajando para mejorar la legislación y fortalecer mecanismos para el uso social de bienes asegurados o expropiados.

En relación con las acusaciones del dirigente priista, Sheinbaum reiteró que cualquier ciudadano tiene derecho a inconformarse y ejercer su defensa legal. “No hemos hecho ninguna acusación formal. Solo reiteré lo que se entiende a partir de los procedimientos iniciados por el gobierno de Campeche. El resto lo determinarán las autoridades judiciales”, aclaró.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha anunciado ninguna acción directa en contra de Moreno, y la titular del Ejecutivo aseguró que no existe una intención política detrás del caso.

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