La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida del grupo energético español Iberdrola de México no obedece a desacuerdos con el gobierno o el entorno nacional, sino que responde a una estrategia corporativa global de la compañía.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional,

Sheinbaum explicó que Iberdrola decidió redirigir sus inversiones hacia otros mercados, particularmente en Europa, tras obtener contratos relevantes en esa región. “Tomaron una decisión empresarial, no fue por ningún problema con México”, afirmó.

La mandataria detalló que la empresa que adquirirá los activos de Iberdrola en México es el grupo Cox, también de origen español y con presencia previa en el país. Según indicó, se trata de una transacción legal entre dos compañías privadas, sujeta a los procedimientos fiscales y regulatorios correspondientes. “Es una empresa con buena reputación en el sector energético, con participación también de capital mexicano”, agregó.

El acuerdo, anunciado el 31 de julio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, contempla la compra de la totalidad del capital de Iberdrola México por parte de Cox, por un monto de 4,200 millones de dólares, cifra que incluye deuda neta y la participación de accionistas minoritarios en diversas filiales.

La operación abarca una capacidad operativa instalada de 2,600 megavatios (MW), distribuidos en 1,368 MW de centrales de ciclo combinado y cogeneración, y 1,232 MW en activos renovables. Asimismo, incluye una cartera de proyectos de generación eléctrica con un potencial estimado de 12 gigavatios (GW).

Entre los activos más relevantes, la adquisición incorpora a la principal empresa suministradora privada de energía en México, con una participación de mercado del 25 % y más de 500 grandes clientes, a los que se les distribuyen más de 20 teravatios-hora (TWh) anualmente.

Según los términos del acuerdo, Cox realizaría pagos adicionales a Iberdrola conforme los proyectos de generación previstos se vayan concretando.

La salida de Iberdrola se enmarca en un contexto de reconfiguración del sector energético mexicano, donde empresas privadas y el gobierno han buscado distintos esquemas de participación. La presidenta reiteró que esta operación no representa una ruptura ni conflicto con el inversionista extranjero, sino una transición dentro del marco de la legalidad y la lógica empresarial.

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