La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento no existen pruebas suficientes en México para iniciar una investigación penal contra la diputada Hilda Araceli Brown, de Morena, quien fue vinculada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su participación en la conferencia matutina de este viernes, la mandataria informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo conocimiento del caso con antelación y que, tras una revisión preliminar, no se encontraron elementos suficientes para proceder con el congelamiento de cuentas ni con la apertura de una investigación por presunto lavado de dinero.

“La UIF tuvo conocimiento del caso semanas antes. Se valoró la información disponible, pero del lado mexicano no hay pruebas suficientes para establecer el delito que plantea Estados Unidos”, explicó Sheinbaum.

Cooperación internacional, sin judicialización

El señalamiento contra la legisladora surge a partir de una designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a 22 personas y empresas mexicanas por presuntos vínculos financieros con estructuras criminales. Esta acción forma parte de las medidas de bloqueo preventivo de activos en el contexto de la lucha internacional contra el lavado de dinero.

A raíz de esta designación, la UIF aplicó un bloqueo administrativo de carácter precautorio dentro del sistema financiero nacional, como parte de los acuerdos internacionales de cooperación en materia de financiamiento al terrorismo y prevención de operaciones ilícitas. Sin embargo, esta acción no constituye una determinación judicial ni una imputación penal, aclaró la dependencia.

Investigación solo si hay pruebas formales

La presidenta enfatizó que, para avanzar en una posible investigación penal, el Gobierno de Estados Unidos deberá presentar pruebas sólidas y formales ante las autoridades mexicanas. En caso de recibir documentación que sustente los señalamientos, la UIF podría dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

“El que una persona aparezca en una lista extranjera no implica, por sí mismo, que se haya comprobado un delito en México”, subrayó Sheinbaum, quien agregó que el Estado mexicano actuará conforme a derecho y con base en evidencias verificables.

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