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Sheinbaum condena el matrimonio infantil y ordena investigar posibles delitos

04/07/2025 - Hace 11 meses en México

Sheinbaum condena el matrimonio infantil y ordena investigar posibles delitos

Nacional | 04/07/2025 - Hace 11 meses
Sheinbaum condena el matrimonio infantil y ordena investigar posibles delitos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su firme rechazo a los casos recientes de niñas menores de edad que habrían sido casadas o se convirtieron en madres, y anunció una investigación oficial para determinar si estas situaciones configuran delitos penales.

Durante una declaración pública, la mandataria subrayó que las denuncias incluyen presuntas uniones entre niñas y adultos, en algunos casos sin el consentimiento de las menores. “No es posible un casamiento con menores de edad sin autorización legal. La ley protege a las niñas y niños, y estos casos podrían constituir delitos penales”, afirmó.

La postura del Ejecutivo federal surge luego de que diversas colectivas feministas alertaran sobre al menos 30 niñas menores de 12 años que dieron a luz en lo que va de 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. A esos casos se suman cinco adolescentes de entre 15 y 17 años, todas con parejas considerablemente mayores.

El gobierno federal ya ha solicitado a sus instancias correspondientes recopilar información detallada sobre cada caso, con el objetivo de definir responsabilidades y, en su caso, iniciar procesos judiciales. Sheinbaum enfatizó que la ley será aplicada con rigor, particularmente cuando se trata de la protección de menores de edad.

Desde 2019, el matrimonio infantil está prohibido en México. La reforma al Artículo 148 del Código Civil Federal estableció que sólo pueden contraer matrimonio quienes hayan cumplido los 18 años, sin excepción alguna. La legislación también fue armonizada en los códigos civiles y familiares de las 32 entidades federativas.

Además, tanto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como los tratados internacionales firmados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW, prohíben explícitamente las uniones tempranas o forzadas.

Pese a estas disposiciones legales, datos del Censo 2020 del INEGI revelan que más de 200 mil personas menores de edad vivían en unión —ya sea por matrimonio o concubinato—, siendo el 84% mujeres. Las cifras más elevadas se concentran en entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

Expertos advierten que estas prácticas persisten especialmente en contextos de pobreza, desigualdad o en comunidades rurales e indígenas, donde a menudo se justifican como costumbres locales. Sin embargo, especialistas como UNICEF y Save the Children señalan que estas uniones implican riesgos significativos: desde abandono escolar y embarazos de alto riesgo, hasta violencia sexual, económica y falta de protección legal.

El anuncio de la presidenta representa un llamado institucional para enfrentar una problemática estructural que ha sido invisibilizada durante años. De confirmarse responsabilidades penales, las investigaciones podrían marcar un precedente en la defensa efectiva de los derechos de niñas y adolescentes en México.

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